El texto, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, viene motivado por la necesidad de articular los instrumentos políticos y normativos para impulsar de forma global las políticas de juventud no sólo de ámbito autonómico, sino también de carácter local y, de este modo, profundizar en su definición, afianzando su carácter integral.

Según el Ejecutivo autonónico, otro de los motivos de la presentación del proyecto de ley reside en la necesidad de clarificar las competencias que corresponden a cada administración, con la intención de conceder a las comarcas un papel decisivo como administración implicada en la promoción y el fomento de la participación juvenil.

La citada ley pretende ser un marco de garantía para los derechos de los jóvenes en todos aquellos aspectos que les afectan como empleo, vivienda, educación, formación, participación y movilidad, al tiempo que implicar a todos los órganos competentes para que adopten medidas que faciliten el ejercicio de esos derechos con la dotación económica necesaria.

El texto legislativo regula también las bases e instrumentos precisos para el desarrollo de los movimientos asociativos y la participación de los jóvenes en la vida política, social y cultural de Aragón, garantizando así el derecho recogido en la Constitución.