Solchaga manifestó en el Senado que al Gobierno le extraña que se abra ahora una polémica, después de cuatro años de funcioamiento sin quejas, "a menos que alguién entienda que la revisión del modelo sea 'tocar a rebato' para ver cuánto se puede sacar".

El ministro afirmó que lo que realmente ha funcionado bien es no haber atendido en 1986 a las demandas de aquellos que hubiesen querido un reparto igual por "renta per capita" en todo el territorio español.

Insinuó, en este sentido, que en la próxima negociación el Gobierno quiere imponer criterios de subdesarrollo e infraestructuras, además del de renta "per capita",en el reparto de fondos. Añadió que es difícil que se apruebe una cesión de gestión del IRPF a las comunidades autónomas.

En respuesta a una interpelación de Izquierda Unida, recordó que, cuando se planteó el sistema vigente, todos los partidos estuvieron de acuerdo y que el ideal que se perseguía entonces era un reparto de ingresos del Estado tal que la Adminitración Central se quedase con un 60 por cien, las autonomías con un 25 por cien, y el 15 por cien restante se repartiese entre ayuntamientos ydiputaciones provinciales.

Solchaga afirmó que esto ya se ha conseguido en 1990 y anunció que el Gobierno no cederá soberanía normativa, por entender que los ingresos del Estado español deben formar una "caja única".

En su opinión, cualquier criterio que rompa la solidaridad interregional es peligroso, por cuanto es la postura del Gobierno que la negociación sea muy cuidadosa en las fórmulas de reparto de recursos.

Recordó que en la negociación de 1986 se quiso buscar el equilibrio financier entre las 17 autonomías "y quizá la prudencia aconseja no volver a sacar reivindicaciones excesivas que puedan hacer fracasar un acuerdo".

Solchaga concluyó sentando las bases de lo que debe ser, en su opinión, la próxima negociación autonómica: congelación de los gastos públicos del Estado y "preservación" del actual sistema de financiación en sus líneas básicas, mediante una negociación "prudente".

PP: ENDEUDAMIENTO GALOPANTE

Por su parte, el senador popular García Arroyo acusó al Gobierno d contemplar con "indolencia" la concesión de ayudas comunitarias, en detrimento de otras.

Criticó lo que calificó de "endeudamiento galopante" del Estado y culpó de ello, en gran parte, al actual sistema de financiación autonómico.

El portavoz de Convergencia i Unió, Joaquín Ferrer, dijo que, dentro de la solidaridad, algunas autonomías, como la catalana, creen llegado el momento de asumir mayores cotas de responsabilidad en la gestión de recursos y objetivos.

A su juicio, se trata de que la autonomías puedan establecer sus prioridades, y que esta función no recaiga en el Estado.

Por Izquierda Unida, Roc Frutos, dijo que el actual sistema ha creado tensiones interregionales, sin garantizar una buena redistribución de recursos.

Puso como ejemplo la distinta financiación "per capita" que tiene un puesto escolar en una comunidad u otra, según tengan éstas transferidas sus competencias educativas o no.

Afirmó también que el sistema vigente desde 1987 es fruto de una lectura restriciva de la Constitución y de los estatutos de autonomía y pidió que el Fondo de Compensación Interterritorial "sirva para compensar desigualdades entre regiones y no, como hasta ahora, para financiar competencias autonómicas".