Esta declaración podría contribuir a luchar contra la amenaza que psa sobre las vidas de 50 millones de indígenas que habitan en zonas tropicales del mundo, según revela un informe de las Naciones Unidas.

El texto, cuyo objetivo es crear una normativa internacional que vele por los derechos de los indígenas y examinar las políticas gubernamentales relativas a la protección de sus derechos humanos, deberá abordar uno de los asuntos más polémicos que enfrentan a los estados con las comunidades aborígenes, el relativo al sistema jurídico al que se someten.

Pero tamién deberá recoger otros derechos que los indígenas han reivindicado siempre: la propiedad y el control de sus tierras y territorios tradicionales, recibir indemnizaciones por las tierras que les hayan confiscado, explotar sus recursos y ser consultados respecto a proyectos de desarrollo que les afecten, ejercer autonomía en asuntos internos y locales, participar sin discriminación en la vida política, económica y social o defender su patrimonio cultural.

Además, está previsto que el texto exija a losestados, que tanto hoy como ayer han invocado argumentos jurídicos para infringir los derechos de los indígenas, que cumplan los tratados y acuerdos que hayan suscrito con las comunidades indígenas, aunque la cuestión más controvertida será decidir si tienen efecto retroactivo las disposiciones que se aprueben relativas a las tierras, indemnizaciones y restituciones.

En la declaración vienen trabajando desde 1982 más de 500 personas y asociaciones de indígenas y aunque 1993 es la fecha para la presentción del proyecto definitivo, no será hasta 1995 cuando se presente el informe definitivo.

300 MILLONES DE INDIGENAS

Según un informe de las Naciones Unidas, en el mundo se pueden distinguir unos 5.000 grupos indígenas, que aproximadamente suponen 300 millones de personas distribuidas por más de 70 países.

En algunos países, como Colombia, Guatemala o Perú, la población indígena supone más de la mitad del total. Otros, como China y la India juntas, tienen más de 150 millones de indígenas y miemros de poblaciones tribales.

Sin embargo, los problemas con los que se enfrentan estas comunidades los han convertido en uno de los grupos más desfavorecidos y discriminados del planeta. Así, en la Rusia septentrional la esperanza de vida de los indígenas es 18 años menor que la media nacional y en Australia el desempleo entre los aborígenes es cinco veces mayor que la media nacional.

Pese a que las poblaciones indígenas van reaccionando a la colonización de su entorno por el hombre occidental -qe ha propiciado la desforestación de su medio ambiente, el contagio de enfermedades y la pérdida de sus recursos e identidades, entre otras cosas-, éstas siguen perdiendo sus tierras, lo que provoca que en la actualidad más de 50 millones de aborígenes que viven en zonas tropicales estén amenazados de muerte.

Además, los poderosos intereses de grupos económicos que explotan las materias primas del entorno en donde viven poblaciones indígenas pueden convertir la declaración internacional en un compendi de buenas intenciones, según el equipo de redactores.

La organización de defensa de los pueblos indígenas Survival publicó recientemente una lista de empresas multinacionales que causan graves daños a las tierras de los indígenas de América y suponen una grave amenaza para sus vidas.

Entre ellas figuran la mayor empresa minera del mundo, Rtz-Río Tinto Zinc, de propiedad británica y que tiene implantadas filiales en Estados Unidos, Canadá y Panamá; la sociedad Hanson, también del Reino Unido, queextrae carbón en tierra de los indios navajos, en Arizona (EE.UU.), y la también británica Newmont Gold, que extrae oro en tierras no cedidas a los indios shoshones de Nevada y que amenaza a una comunidad de 10.000 personas.

También figura en la lista la constructora norteamericana Maxus, que construye una carretera y un oleoducto en Ecuador, lo que afecta a 1.600 waronanis, uno de los pueblos más vulnerables, integrado por cazadores-recolectores seminómadas.

En Canadá actúan la empresa japonesa aishowa, que practica la tala de árboles en territorio de los indígenas de Lubicon Cree (Albeta), y la Fuerza Aérea Real Inglesa (RAF), así como las fuerzas aéreas de Alemania y Países Bajos, cuyas actividades afectan a los derechos del pueblo Innu de la península del Labrador, al practivar vuelos militares de baja altura.

Otras empresas, como las estadounidenses Exxon y Energy Fuels Nuclear, la Shell de los Países Bajos y Reino Unido y la Uranerz de Alemania violan también, según Survival, los derechs de los pueblos indígenas.