La petición del Supremo provocó hoy una controversia en la Mesa del Congreso entre Izquierda Unida y el resto de grupos parlamentarios.

El portavoz de IU, José Luis Núñez, consideró que la petición de una prueba por un tribunal penal debe prevalecer ante el carácter secreto de la declaración de bienes de un diputado,por ello, el Supremo debe tener acceso a esta información con carácter inmediato.

Los restantes grupos estimaron más pertinente solicitar un informe a los servicios jurídicos del Congreso para determinar si procede la remisión de la declaración patrimonial. Por acuerdo de la mayoría, el informe será elaborado en los próximos días y la Mesa lo estudiará en su próxima reunión.

Angel Sanchís expresó hoy a los periodistas que "con mucho gusto" estará dispuesto a proporcionar al Supremo todas las petciones que le formule.

"Yo no tengo nada que ocultar en mi declaración de bienes. Para mi desgracia, hoy soy más pobre que hace diez años, cuando entré en política. He ido empobreciendo poco a poco y mis bienes están muy claros. La política me ha costado muchos millones de pesetas y eso lo sabe todo el mundo", dijo.

Sanchís, junto al ex tesorero del PP Rosendo Naseiro, el concejal "popular" del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el empresario José Balaguer se sentarán a partir del 10 de juio en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo para responder de los delitos que les acusa el fiscal en el "caso Naseiro".

Los tres miembros del PP están acusados de un delito de conspiración para el cohecho, por el que el fiscal pide para cada uno tres meses de arresto, sendas multas de 500.000 pesetas y una multa conjunta de 30 millones.

El ministerio público también pide nueve años de inhabilitación para cargos públicos en el caso de Sanchís y Palop, y cuatro para Naseiro, además de cuatro ños de suspensión para los dos primeros.

Las acusaciones particulares de Izquierda Unida y de Unitat del Poble Valenciá (UPV) son mucho más duras en su petición de penas. IU solicita cuatro años y seis meses de cárcel para Sanchís, cinco años para Palop, tres para Naseiro y seis meses para el empresario José Balaguer, así como multas e inhabilitaciones.

UPV exige cuatro años de cárcel y cuatro millones de multa para cada uno de los tres políticos, cuatro meses y la misma multa para el empresariocuatro años de inhabilitación para Sanchís y Palop.

Según estas formaciones, Palop, que tenía información privilegiada porque presidía la Comisión Municipal de Compras, mantuvo múltiples conversaciones telefónicas y entrevistas con Naseiro y Sanchís, en las que "planearon y decidieron" ofrecer a empresarios de la construcción la adjudicación de determinadas obras en localidades gobernadas por el PP, a cambio de que les dieran unas comisiones que, en parte, serían para financiar al partido y también pra su lucro personal.

El fiscal cree que conspiraron para cometer un delito de cohecho, pero sin ejecutar los actos precisos para que exista tal delito.

El "caso Naseiro" saltó a la luz pública en la Semana Santa de 1990. El juez de Instrucción número dos de Valencia, Luis Manglano, ordenó detener a Naseiro, Palop, Luis Janini (directivo de Dragados y Construcciones), Luis Latorre (arquitecto municipal de Cullera) y al empresario José Balaguer.