Según informó hoy el Parlamento Europeo, estas medidas modifican la legislación del año 2002 sobre los servicios de comunicación electrónica y buscan crear un mercado único de las telecomunicaciones para 500 millones de consumidores en toda la UE.

Esta directiva, aprobada por la Eurocámara con 548 votos a favor y 88 en contra subraya que las autoridades nacionales competentes deberán advertir a los usuarios de Internet sobre la vulneración de los derechos de autor y otros usos ilícitos.

Este paquete de medidas insta a los proveedores a realizar "inversiones sustanciales" para luchar contra el correo basura y establece que podrán emprender acciones legales contra los remitentes de estas comunicaciones comerciales que no hayan recibido el consentimiento expreso de los usuarios, ya sean por medio del correo electrónico, el fax, o los mensajes a móviles.

Además, las autoridades deberán exigir a los operadores "que pongan gratuitamente a disposición de sus abonados aplicaciones de protección o filtrado fiables que permitan controlar el acceso de los niños o de las personas vulnerables a contenidos ilícitos o peligrosos".

El texto subraya también que los proveedores deberán indicar de forma "clara y transparente" en todo momento las tarifas de los servicios que ofrecen.

Otra de las medidas del Parlamento Europeo es la de limitar a dos años la duración de los contratos entre los usuarios y las empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas.

Por otra parte, los diputados solicitan que se mejore el acceso de los ciudadanos discapacitados a los serivicios de comunicaciones electrónicas, para equipararlo con las de los demás usuarios.

Además, la directiva hace especial hincapié en la protección de datos personales y subraya que "cualquier violación de la seguridad de los datos personales debe ser notificada inmediatamente por el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas a la autoridad nacional competente".

En este sentido, si esta autoridad estima que se trata de una violación grave, el proveedor también tendrá que informar a las personas afectadas.

No obstante, siempre que surja un peligro inminente y directo para los intereses de los consumidores (como el acceso no autorizado al contenido de mensajes electrónicos), los proveedores deberán informar inmediatamente, además de a las autoridades nacionales, a los usuarios afectados.