La organización ecologista, que puso en marcha una campaña de movilizaciones contra las bombas de rácimo, documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, y lo hizo público a través de protestas como la que lleva a estos activistas a juicio.

El fin de esta campaña coincidió con la prohibición del Gobierno a este tipo de armamento, tras ser uno de los primeros países que ratificó el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo.

El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considera que "deberían sentarse en el banquillo los que se han enriquecido produciendo y comercializando estas armas repugnantes, y no nuestros activistas", según informa la organización ecologista.

"Deberían darles las gracias a los activistas" porque "gracias a su compromiso hemos conseguido que se prohíban definitivamente en España, y que un Convenio Internacional las prohíba en todo el mundo", concluye el máximo dirigente de Greenpeace en España.