El diputado Diego López Garrido, en representación de IU, ha dirigido al Gobierno una pregunta en la que se interesa por los motivos que han impedido hasta ahora desarrollar los acuerdos de cooperación del Estado español con estas tres religiones, que cuentan con más de 800.000 adeptos en toda España.

Según Luis Ruiz Poveda, consejero de la Federación de Entidades Evangélica de España, la falta de ayuda estatal a estas entidades religiosas "pone en peligro la obra social que estamos llevando a cabo".

Tan solo las comunidades protestantes invierten en obras sociales más de 6.000 millones de pesetas al año, sin poder acogerse siquiera a las ventajas fiscales de las que disfruta la iglesia Católica.

Esa cantidad se emplea principalmente en programas de rehabilitación de drogadictos, atención a refugiados e indigentes, ayuda a la tercera edad y centros educativos de priera y segunda enseñanza.

Las reclamaciones de estas tres religiones se refieren a la posibilidad de sus ministros de acogerse a las ventajas que concede el Estado a los sacerdotes católicos en el pago a la Seguridad Social, la equiparación de los cultos en el Ejército y la posibilidad de tener exenciones fiscales en la compra de edificios que se destinen al culto.