Según datos de los departamentos de Interior de los gobiernos central y vasco, a los que ha tenido acceso Servimedia, las administraciones utilizaron este dinero para la asignación de escoltas, así como para la adquisición de elementos como automóviles y diversos sistemas de seguridad.

En este sentido, la consejería que dirige Javier Balza destinó 60 millones de euros a costear la contratación de escoltas privados, mientras que otros 9,5 millones de euros se destinaron a pagar a los ertzainas fuera de servicio a los que recurrió para llevar a cabo labores de protección.

Por su parte, el Ministerio del Interior empleó en el año que acaba 95 millones de euros para garantizar la seguridad de las instituciones y de los cargos institucionales en el País Vasco y Navarra.

Los servicios de escoltas se generalizaron en el País Vasco y Navarra a partir de 1997 con motivo del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, que fue secuestrado y asesinado por un comando de ETA que lideraba el terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote".

Tras este crimen y la campaña de atentados contra otros ediles emprendida por la banda criminal, las administraciones vasca y central asignaron guardaespaldas a colectivos tan diversos como jueces, profesores de Universidad, periodistas o sacerdotes.