Así lo afirmó hoy la responsable de Política Interior de esta ONG, Virginia Álvarez, durante la presentación en rueda de prensa del informe "Obstinada realidad. Derechos pendientes", que evalúa los efectos de la ley contra esta lacra en su tercer aniversario.

Pese a reconocer algunos de los "avances" registrados en España en la lucha contra la violencia de género, Amnistía Internacional alerta de que esta normativa "ha tenido poco impacto" en aspectos fundamentales del recorrido de las mujeres que sobreviven a los malos tratos, como la atención sanitaria de calidad o la asistencia letrada. "Todos ellos siguen siendo compromisos sin cumplir", señaló Álvarez.

Igualmente, sigue viendo "un déficit en el desarrollo de la ley" en el sentido de que "no se han producido evaluaciones y seguimientos" de su impacto con vistas a "detectar las lagunas en su desarrollo".

Para esta experta, estas evaluaciones "no deben obviar las cifras oficiales de la violencia de género": "datos como que entre enero de 2005 y el 26 de junio de 2008 fueron asesinadas 224 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, que en 2007 el riesgo de las mujeres extranjeras de ser víctima de homicidios de género fue seis veces superior al de las españolas".

Además, destacó el incremento en estos tres años del número de mujeres asesinadas que habían denunciado (el 30% de las mujeres asesinadas en 2007) y el de las que murieron a pesar de tener una orden de protección en vigor (12 fueron asesinadas en 2007).

"Hoy, tres años después de la implantación de la ley, las mujeres con orden de protección se encuentran ante un riesgo mayor", añadió María Naredo, autora del informe.

Por otra parte, y citando datos del Consejo General del Poder Judicial, recordaron que las muertes "han tenido un crecimiento sostenido" en estos tres últimos años: de las 52 de 2005 se pasó a 62 en 2006, y a 74 en 2007.

"MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN"

Entre los principales "motivos de preocupación" en la lucha contra este problema se encuentra, para Amnistía Internacional, el "incumplimiento de la ley en el ámbito sanitario". Así, asegura haber comprobado que "la mayor parte de sus resultados previstos" para la formación de los profesionales sanitarios "siguen en el papel".

Además, denuncia que la asistencia integral "sigue siendo insuficiente y desigual en función de las comunidades autónomas", que "sigue sin haber recursos especializados para atender a mujeres con dificultades añadidas" (víctimas con enfermedad mental, drogodependencias o alcoholismo) y que "se sigue negando el acceso de las mujeres inmigrantes en situación irregular a las ayudas económicas dispuestas para las víctimas".

Entre sus quejas se encuentran también la falta de formación en los Juzgados; que la asistencia letrada inmediata y especializada "no se garantiza"; la existencia de "obstáculos para la interposición de las denuncias" y que, "salvo en el País Vasco", el trámite de la denuncia supone para las mujeres inmigrantes "un riesgo de que se les incoe un expediente sancionador o incluso una orden de expulsión si no consiguen una orden de protección y una sentencia que acredite la violencia sufrida".

El informe recoge el caso de Sylvina Bassanni, asesinada tras pedir protección y justicia durante 19 meses y "cuya intensa actividad para proteger su vida y la de su hijo contrastó con la pasividad y falta de diligencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía y la Guardia Civil", según Amnistía Internacional.

Ante la presentación de un informe con la evaluación del Gobierno sobre los tres años de aplicación de la ley, previsto para mañana, tras el Consejo de Ministros, la ONG espera un ejercicio de "autocrítica", porque es "necesario": "tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tienen que rendir cuentas, porque algo está fallando", concluyeron estas expertas.