La portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, María Tardón, manifestó a Servimedia que la medida es positiva, aunque precisó que debería ir más allá del hecho de que los jueces cuenten con más escolta.

"Lo que debe hacerse", indicó, "es acentuar la vigilancia y las medidas de seguridad donde proceda, tanto en el Tribunal Supremo omo en centros neurálgicos del Estado y en edificios judiciales que sean significativos o emblemáticos".

En este sentido se pronunció también José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien se mostró a favor de la decisión del Ejecutivo, ya que, aseguró a Servimedia, "todo lo que sea proteger nos parece bien".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, considera que esta medida es una consecuencia lógica del atentado contr el magistrado Martínez Emperador y dijo que la protección de los jueces forma parte de las obligaciones que tiene el Gobierno.

Aun así, Alonso declaró a esta agencia que sería deseable que estas medidas de protección no sólo se limitaran a los jueces de algunos tribunales concretos, como el Supremo, sino que se extendieran a todos los magistrados que en un determinado momento puedan convertirse en objetivo terrorista.