El expediente se decidió la semana pasada, tras la negativa de los responsables del Cuerpo a publicar una descripción de los citados ficheros en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a presentar un informe ante la APD.

La Guardia Civil tiene un plazo de 15 días para contestar y presentar la alegaciones a este expediente.Las sanciones previstas para organismos públicos que incumplen la Ley de Protección de Datos comienzan con una resolución de la infracción cometida.

A continuación, la APD puede dar traslado al Defensor del Pueblo del expediente e incluso abrir un procedimiento disciplinario sobre la responsabilidades personales de funcionarios que estuviesen incumpliento la normativa. Por último, en caso extremo, la ley contempla la posibilidad de que sean incautados los ficheros del organismo infractor.

Según iformaron a Servimedia fuentes de la dirección de la Guardia Civil, los servicios jurídicos de este cuerpo presentarán en los próximos días una alegación amparándose en un acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero pasado, que declaraba secreto oficial los archivos relacionados con el terrorismo.

Estas fuentes explicaron que el citado acuerdo consideraba secreto la "estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de seguridaddel Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas", lo que afectaría a los ficheros de terrorismo y narcotráfico.