La APD señaló que tanto la Asociación contra la Tortura como la organización a través de cuya página "web" difunde la información la Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (Sodepaz), "no pueden atribuirse el derecho a la fnormación, que corrresponde esencialmente, en nuestro contexto constitucional, a los medios de comunicación social".

Asimismo, la APD puntualiza que, en lo que se refiere a Sodepaz, no le ha incoado ningún procedimiento, sino que "se ha limitado a requerirle para que, como responsable de un servidor en Internet, evite provisionalmente la difusión de datos que afectan a la intimidad de terceros".

Para la APD, no cabe invocar el derecho a la libre expresión "para justificar calificaciones soeces yvejatorias, ignorando el elenco de otros derechos constitucionales".

Además, "la desinformación al resto de los ciudadanos, mediante un intrumento del alcance de Internet, supone una grave irresponsabilidad por aquellos que están utilizando este medio en los términos en que lo hacen las citadas asociaciones antes de que los Tribunales de Justicia decidan".

Este caso se remonta al pasado día 8, cuando dos inspectores de la APD comunicaron la apertura de un expediente a esta página, tras la denunci de un sindicato policial, para averiguar si se estaba vulnerando la Ley de Protección de Datos al difundir información sobre funcionarios públicos presuntamente implicados en casos de tortura.

Los representantes de la APD informaron de que la página podía ser clausurada de forma definitiva si se comprobaba la infracción y advirtieron a la empresa informática de que podía ser sancionada hasta con 10 millones de pesetas si no colaboraba en la investigación, según fuentes de la Asociación contra la Tortra.

El presidente de la Asociación contra la Tortura criticó la actuación de la APD y aseguró que la página "web" de su organización contiene los mismos datos que los informes que anualmente realizan.

Estos informes, explicó, contienen los nombres de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como funcionarios de prisiones, que estarían relacionados con casos de tortura.