A pesar del incremento de incendios, las hectáreas de terreno arrasadas descendieron de las 1.201 en 1998 a las 432 del pasado año. Los fuegos provocaron la muerte a 8 personas y 12 resultaron heridas.

Se consideran incendios con incidencias a efectos de protección civil aquellos que han tenido algún tipo de consecuencias sobre la población o los bienes no forestale, además de los incendios en que, para su control, ha sido necesaria la aportación de medios extraordinarios no previstos en los planes de las comunidades autónomas.

El informe indica que, en los últimos años, los incendios forestales han pasado de ser un problema puramente medioambiental a originar situaciones de grave riesgo, que hacen necesaria una actuación directa de las organizaciones de protección civil, para proteger a la población y a los bienes y servicios expuestos a este riesgo.

La caacidad que tienen los incendios forestales para provocar situaciones de grave riesgo colectivo, que impongan la movilización de gran cantidad de medios y recursos, humanos y materiales, hace asismismo necesaria la respuesta coordinada con medios y recursos pertenecientes a las distintas administraciones públicas.