Esta estimación figura en un estudio sobre el impacto de "La Ronda Uruguay sobre el Sector de Cereales en España", realizado por el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia José María García Alvarez-Coque, y que publica el último número de la revista Información Comercial Española.

Ese coste, que representa la diferencia entre los precios cobrados por los agricultores cerealista y los precios internacionales de mercado, se reparte de la siguiente manera: 81.549 millones por el trigo, 97.962 millones por la cebada, 51.451 millones por el maiz y 10.246 millones por el arroz.

Los apoyos contabilizados incluyen los pagos directos a los productores, las ayudas a los medios de producción corrientes (seguros, semillas, fertilizantes, carburantes y defensa contra las plagas), las ayudas estructurales del IRYDA y las subvenciones de la Dirección General de Investigación y Capacitació Agrarias.

El informe señala que, por las peculiaridades del caso español, en el que la financiación de la práctica totalidad de las ayudas a los agricultores corre a cargo de los consumidores, "éstos serían los principales beneficiarios de una desprotección del sector de cereales en España".

"NO ES JUSTO"

Para el autor, lo pagado de más por los consumidores "no es poco ni tampoco justo" y, además, los grandes beneficiarios de las ayudas no son los pequeños cultivadores sino que es la gran expltación "la que percibe el grueso de sus beneficios".

Desde este punto de vista, la situación podría cambiar "sustancialmente" para bien, en el conjunto del sector cerealístico, al aplicarse la reforma de la política agrícola comunitaria a partir de 1993.

Su nuevo sistema de pagos compensatorios "supondrá transferencias financieras netas de la Comunidad a España, tanto más cuando el sistema está diseñado para penalizar a las grandes explotaciones que no abundan en nuestro país".

En aplicaciónde dicho sistema, la mayoría de las explotaciones españolas percibirán ayuda sin penalización, y aproximadamente los dos tercios del total no se verán obligadas a recortar su superficie.