El secretario general de ANELA, José Luis Roberto, dijo a Servimedia que el Gobierno tiene "una mala visión política" del asunto al no plantearse la profesionalización de la prostitución, ya que supondría"mucho dinero" para las arcas públicas en impuestos y cotizaciones sociales.

"Lo que se podría recaudar sería mucho", advirtió, "y es una obligación del Estado que dentro de una nación no haya bolsas de economía que no coticen o que no participen en los gastos que tiene la nación y en los servicios que se dan para todos los ciudadanos".

"No sé cuánto se podría recaudar, pero la base imponible sería sobre tres billones de pesetas", que es el dinero que se estima que mueve la prostitución en España explicó.

Sobre la necesidad de regularizar la prostitución, el secretario general de ANELA recalcó que se trata de un fenómeno que implica diferentes factores, sociales, económicos y laborales, y que difícilmente se puede regularizar una actividad si no se entiende como una profesión.

"Será moral o inmoral, pero la regulación implicará también la cuestión laboral de estas personas, que son 300.000 y que están sin ningún derecho pasivo en el siglo XXI en esta nación", denunció.

Por ello, insstió en que la regulación pasa necesariamente por ver qué se hace con esas 300.000 personas, "qué obligaciones y qué derechos tienen, y las obligaciones y los derechos en un mercado económico y laboral pasan por que tengan un epígrafe y que se considere como una profesión. Y si no le quieren llamar profesión, que le llamen como quieran".

Por otra parte, recordó que ya existen sentencias de tribunales superiores de justicia que entienden que el alterne es una profesión. Por tanto, dijo, "la Administracón no está para dar derechos, sino para cumplir las leyes, y el ministro tiene la obligación de estar por debajo del Poder Judicial y acatar lo que diga".

"También nosotros tenemos el derecho, como asociación empresarial que representa a más del 10% de los locales de alterne, a solicitar un cupo de trabajadores extranjeros si no hay trabajadores nacionales, y nos tendrá que contestar (el ministro de Trabajo) a ese derecho", concluyó.