Según informó este martes la Policía, el dueño de este prostíbulo encabezaba la trama y es uno de los 125 detenidos, que actuaban en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados.

Este cabecilla usaba su prostíbulo de Elche como sede social de dos de las empresas ficticias que creaba con ayuda de los expertos jurídicos que le asesoraban. Estas sociedades eran usadas para regularizar migrantes de manera fraudulenta y para confeccionar facturas falsas, que eran usaban por otras compañías para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública.

En la operación se han practicado 12 registros domiciliarios, en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.

‘GRANJA’ DE CRIPTOMONEDAS

Las pesquisas se iniciaron en octubre del 2020, cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados.

La operación, en la que han participado más de 100 agentes de distintas unidades, ha logrado desarticular por completo la organización y se ha llevado a cabo en varias fases. Durante la primera fase se localizaron 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. La granja de minado, instalación que consume gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro eléctrico.

Seguidamente se practicaron las detenciones de todas las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la seguridad social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional.

Más tarde se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda pública.

Por último, se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiales.