La organización considera un escándalo que se plantee el arranque de 400.000 hectáreas de viñedo de manera indiscriminada y no va a tolerar que más del 90% se vaya a producir en España.

UPA está en total desacuerdo tanto con los argumentos como con las líneas de actuación que plantea la Comisión, "basados en un clara intención liberalizadora cuyos efectos más inmediatos sería la salida del sector de un elevado número de pequeñas y medianas explotaciones vitivinícolas familiares, en beneficio de otras explotaciones de tipo más empresarial".