Según José Luis Moreno, diputado y portavoz del PP en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ese registro sería un arma eficaz para evitar episodios como el relacionado con la empresa "Construcciones Atocha S.A", que motivó la creación de una comisión de investigación en la Cámara regional, así como la apertura de investigaciones por parte de la fiscalía.

El objeto de la iniciativa del PP es "contar con la máxima información acerca de las empresas con las que contraa la Comunidad de Madrid", explicó.

A juicio de Moreno, es necesario proceder a un exámen individualizado de cada contratista o empresa, de su aptitud o capacidad técnica para ejecutar obras de determinadas dimensiones, así como de su situación legal y económica.

El Registro Oficial de contratistas propuesto por el PP dependería de la Consejería de Hacienda. La clasificación en ese registro, que sería acordada por una comisión y una junta consultiva de contratación, sería un elemento imprescindibe para todas las empresas que quisieran ejecutar obras de una cuantía superior a los 10 millones de pesetas.

Para clasificar a las empresas contratistas, la proposición de ley de los populares establece la obligatoriedad de demostrar la capacidad económica del futuro contratista a través de informes de instituciones financieras, balances y extractos de cuentas.

Asimismo, las empresas deberán justificar su capacidad técnica a través de titulos académicos y certificaciones de experiencia; relación e obras realizadas con anterioridad; material de que se dispone y técnicos que ejecutan la obra objeto de contrato.

DECLARACIONES DE QUIEBRA

Por otro lado, la propuesta del PP prevé medidas disciplinarias para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social; para las que hayan sido decalaradas en quiebra, o tengan sentencias en firme en contra por delitos contra la propiedad.

La propuesta popular establece que cualquiera de esas causas incapacitaría a las emresas para contratar obras con la Administración, durante un periodo de cinco años.

Asimismo, recoge como motivo de suspensión que la persona física o administradores de las empresas tuviesen algún tipo de incompatibilidad por razón de su cargo público o que hubiesen falseado los datos con que acudió al registro de contratistas.

Finalmente, la proposición establece que se podrá denegar la clasificación de una empresa cuando se sospeche que pueda tratarse de una "continuación, transformación o fusón" de otras empresas que hayan sido "expulsadas" del registro de contratistas.