El propio Barea se mostró hoy, en el Congreso de los Diputados, muy contrariado por la interpretación que los medios de comunicación dieron a sus palabras, por lo que invitó a los periodistas a pedir a su secretaria el texto escrito de su intervención.

En la propuesta escrita, el diretor de la Oficina insiste en que los hospitales adquieran una personalidad jurídica propia, a fin de que funcionen como una empresa sometida al ordenamiento jurídico privado. Así se conseguiría estimular su eficiencia, al competir en los mismos términos con los centros sanitarios privados.

"Si a pesar de todo algunos hospitales públicos fueran ineficientes y no cubrieran sus costes con los servicios facturados al Insalud, o servicios de salud de las comunidades autónomas, sería necesario instrumentar n plan de reestructuración del hospital a medio plazo (3 años), al cabo de las cuales si las pérdidas continuasen, habría que adoptar la decisión de cerrar el hospital o enajenarlo al sector privado", dice su conferencia.

Barea insiste en que el servicio de asistencia sanitaria no es una función pública propiamente dicha, "ya que el mercado puede dar respuesta a esta decisión aunque la provisión (financiación) sea pública".

Por eso, deduce que "imponer cortapisas a través de normas administrativa a la actuación productiva de los hospitales es condenarlos de antemano a ser menos eficientes que el sector privado, y de esta ineficiencia surgirán después las peticiones de privatizar la producción que hoy día realizan los hospitales públicos".

El profesor reconoce, no obstante, una alternativa al reconocimiento de personalidad jurídica propia a los hospitales públicos, y es que ajusten su actividad al ordenamiento jurídico privado, previa ejecución descentralizada de sus presupuestos.

El diretor de la Oficina Presupuestaria propone un sistema mixto, en el que la financiación de los hospitales públicos y privados debe ser pública. Los centros facturarían luego al Insalud los gastos de cada paciente.

De esta forma, se establecería una competencia directa entre hospitales públicos y privados, puesto que los pacientes podrían elegir libremente el centro en el que ser atendidos en función de los servicios que se le ofrecieran.

El Insalud, o centros análogos autonómicos, debería acreditarlos centros de salud públicos y privados, y además contrataría la calidad y el precio a percibir en los servicios prestados.