Esta advertencia llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este miércoles que el Ejecutivo va a prorrogar el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania, en el que se encuentra el tope del 2% en la subida del alquiler de vivienda para evitar que el precio de las rentas se dispare por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que, según el dato adelantado de mayo, se sitúa en el 8,7%.

Asval, que explicó que cualquier propietario de vivienda en alquiler podrá sumarse a estas acciones legales, calificó de “injusto” que se establezcan subvenciones o ayudas para otros sectores, como el de los carburantes o el energético, cuando se trata de empresas grandes, y no se incluya ningún tipo de compensación para el mercado del alquiler, “en manos principalmente de propietarios particulares”.

“Consideramos que no es aceptable que se prorrogue esta medida, que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo”, añadió Asval, que alertó de que es una acción que afecta a más de dos millones de españoles que son propietarios de viviendas en alquiler, y “que necesitan de esta renta para complementar sus ingresos o su pensión”.

SITUACIÓN DELICADA

Además, denunció que esta medida “carga sobre los propietarios, que también están sufriendo la escalada de la inflación, el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación”. En su opinión, se está situando al mercado en una situación “delicada, que desincentiva la inversión en alquiler y que derivará la oferta al sector de la venta.

Asval sostuvo también que con esta decisión se produce una transferencia de rentas de los propietarios a los inquilinos “injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios”.

“Se trata de una norma que, al igual que el Proyecto de Ley de Vivienda o que la ley que ampara la ocupación ilegal en Cataluña se limita a trasladar el problema de la vivienda a los propietarios privados para que lo solucionen, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Así, están vaciando de contenido el derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española”, apuntaló esta asociación.