La sentencia condenatoria, dictada por el juezde lo Penal número 1 de Almería, Luis Miguel Columna, condena también al propietario de este vídeo comunitario a indemnizar al canal de televisión privado en una suma superior a los 300 millones de pesetas.

El juez considerada probado que "Tele Vídeo Almería" difundía la señal de Canal+ sin la autorización de esta sociedad "con ánimo de obtener un beneficio injusto", ya que cobraba una cuota mensual a los abonados a su servicio de cable. El juez califica los hechos probados como constitutivos de un deito contra la propiedad intelectual, previsto y penado en el artículo 534 del Código Penal.

En los fundamentos del derecho, el juez establece que "del referido delito es responsable criminalmente, en concepto de autor, el acusado Francisco Rodriguez Martínez, por su participación directa, material y voluntaria en su ejecución.

Afirma asimismo "que la ejecución de dicho delito procede apreciar la existencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia", yaque el acusado había sido condenado en 1988 por un delito de receptación la pena de un año de prisión menor y multa.

En tanto que responsable criminal de un delito, el acusado lo es también civilmente, por lo que el juez le condena también al pago de las costas y a indemnizar a Canal+ atendiendo al número de abonados que poseía "Tele Vídeo Almería" en la fecha que ocurrieron los hechos y a razón de 3.000 pesetas por abonado y mes durante los que se realizó la emisión ilícita.

Francisco José Rodríuez ha sido condenado asimismo a las penas accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio.

OTRAS SENTENCIAS

La sentencia dictada por el juzgado de lo Penal de Almería es la primera que se produce como consecuencia de la actuación antipirateo llevada a cabo por Canal+. En este momento hay abiertas diligencias en 30 juzgados españoles por el mismo delito, entre ellas otra contra el propio condenado en Almería por haber continuado en su actividad delictiva.

Las acciones más rcientes acaban de tener lugar en Palma del Río (Córdoba) y Puebla de Cazalla (Sevilla), donde han sido intervenidos por la Guardia Civil y la policía local dos vídeos comunitarios.

VIDEO CLUBS CONTRA EL PIRAEO

A las medidas adoptadas por Canal+ para perseguir el pirateo de su señal vino a sumarse, el pasado mes de marzo, la iniciativa de la Federación Española de Asociaciones de Vídeo Clubs (FEAV), que comunicó a los instaladores de antenas y comunidades de vecinos su intención de denunciar aquellasinstalaciones que permitan la captación de las emisiones de Canal+, al margen de las condiciones de contratación de dicha televisión privada.

Por otra parte, la Sociedad General de Autores (SGAE) y Canal+ firmaron en julio un convenio anti-piratería. En el texto del acuerdo ambas partes manifestaron su voluntad de iniciar acciones conjuntas encaminadas a fomentar la persecución de todas aquellas actividades que infrinjan la vigente Ley de Propiedad Intelectual, produciendo daños económicos y morales iportantes tanto a los autores como a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual.

En el ámbito europeo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su reunión del 27 de septiembre de 1991, adoptó la recomendación por la que insta a los Estados miembros a incluir en su legislación general disposiciones tendentes a reprimir las actividades ilícitas derivadas de la fabricación, importanción y distribución de material de decodificación.