La demolición se produce por que estas infraestructuras están localizadas en Suelo Rústico de Protección Agraria sin la adecuada calificación territorial ni licencia urbanística, y además no son legalizables conforme a la regulación del suelo vigente.

Acogerse a este sistema ha permitido a los infractores afrontar menores costes que en el caso de que la demolición hubiera sido ejecutada directamente por la Administración, señala el Ejecutivo canario.

La Apmun, tras detectar la infracción, tramitó los correspondientes procedimientos disciplinarios, que concluyeron, como marca la ley, con una orden de demolición y la imposición de una multa por importe de 30.000 euros a la primera edificación y 51.000 euros a las otras dos.