Según el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, el coste para el Estado sería muy bajo, ya que no supondría presupuestar cantidad alguna y sólo sería necesario subrogar el préstamo.

A su juicio, la medida supondría riesgo para el Estado pero no gasto. Además, las entidades, según Galindo, estarían "encantadas", pues el riesgo del promotor de bancos y cajas pasa a ser "garantía" del Estado.

Además defendió los beneficios de una oferta pública porque sería el Gobierno, a través de una entidad pública, la que fijara las referencias y eligiera los activos que le interesara.

Las estimaciones de la APCE apuntan que a cierre de 2009, con el stock cercano a 800.000 unidades, el valor de la deuda por esas viviendas sin vender será de 114.681 millones de euros, y el coste financiero de la misma de 4.587 millones.

El presidente de la patronal reconoció que de parte del Gobierno por el momento "no ha habido receptividad", aunque insistió en el fin social de la medida, porque serviría para incrementar la oferta en alquiler o para venta a precios asequibles.

Galindo señaló que para que esta iniciativa funcione es necesario un acuerdo con las entidades financieras y las administraciones públicas. Por ello, apostó por la creación de una "mesa permanente" de diálogo para conseguir una "propuesta conjunta" y que ésta sea "eficaz".

ACUERDO SANTANDER

Por otra parte, el responsable de la APCE indicó que se mantienen conversaciones con otras entidades financieras para alcanzar acuerdos como el que se cerró con el Santander, en virtud del cual los promotores se comprometen a bajar los precios de los pisos hasta un 20% y el banco a financiar el 100% de la compra.

Galindo prefirió no dar nombres de con qué entidades está hablando para llegar a acuerdos hasta que éstos no se cierren. En todo caso, mostró su disposición a hablar con las organizaciones de representación de bancos y cajas (AEB y CECA) para lograr un acuerdo global.

Sobre los frutos que está dando el convenio con el Santander, indicó que aún no tiene datos concretos, y explicó que se ha creado una comisión de seguimiento del mismo para evaluar sus resultados.

El presidente de la patronal también se refirió a las condiciones ventajosas que ofrecen algunas entidades para vender sus activos inmobiliarios, algo que consideró podría ser "competencia desleal".