Según el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, el coste para el Estado sería muy bajo, ya que no supondría presupuestar cantidad alguna y sólo sería necesario subrogar el préstamo.

Así, supondría riesgo pero no gasto para el Estado. Además, las entidades, según Galindo, estarían "encantadas", pues el riesgo del promotor de bancos y cajas pasa a ser "garantía" del Estado.

El presidente de la patronal reconoció que de parte del Gobierno por el momento "no ha habido receptividad", aunque insistió en el fin social de la medida, porque serviría para incrementar la oferta en alquiler.

Las estimaciones de la APCE apuntan que a cierre de 2009, con el stock cercano a 800.000 unidades, el valor de la deuda por esas viviendas sin vender será de 114.681 millones de euros, y el coste financiero de la misma de 4.587 millones.

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