La asociación considera en un comunicado que "tiene que ser el Estado, y no las comunidades autónomas, quien garantice el acceso a la vivienda, de tal manera que se respete el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a la vivienda". En ese sentido, considera "esencial la existencia de una regulación homogénea del derecho de propiedad -suelo y vivienda- en todo el territorio nacional".

Sin embargo, cree que "cualquier modificación de la ley que altere las reglas de juego del sector residencial crea inseguridad jurídica, lo que puede llevar a que se contraiga la actividad en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan acogerse a estas medidas". También anticipa APCE que la inversión y la creación de empleo en el sector se verán perjudicadas por la nueva ley, ya que atenta directamente contra la propiedad privada.

En cuanto a las medidas para limitar los precios del alquiler, la APCE afirma ya han sido probadas en otros países europeos sin éxito, y muchos de ellos han tenido que volver atrás. "El resultado ha sido el contrario de lo esperado: reducción de la oferta de vivienda en alquiler, subida del precio de los alquileres y deterioro de la calidad del producto de alquiler". Para la asociación es clara la necesidad de acortar la brecha con respecto a otros países europeos de vivienda en alquiler, pero "no a través de un ataque a la propiedad privada (recargo del IBI a las viviendas vacías), sino poniendo más oferta en el mercado", señala.

Para APCE, las medidas incluidas en el anteproyecto afectarán gravemente al desarrollo de una mayor oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta, lo que supondrá, de hecho, "una aún todavía mayor dificultad de los jóvenes españoles a la hora de acceder a una vivienda, tanto en alquiler como compra".