Emplear los efectivos de la Benemérita, que normalmente persigue delitos contra las personas y la propiedad, a comprobar que se cumple la normativa urbanística y que no hay corrupción en los ayuntamientos o en las consejerías de Urbanismo de las comunidades autónomas sería "matar moscas a cañonazos", afirmó Chicote a Servimedia.

"La competencia en materia de disciplina urbanística está en manos de las comunidades autónomas por decisión constitucional", apuntó. "La garantía jurídica existe, lo único que hay que hacer es trabajar y seguirla".

"A partir de aquí, poner a la Guardia Civil me parece una aberración total; creo que está para perseguir a quienes asaltan casas, roban o matan, pero no para esta función, que es puramente administrativa y que en definitiva las consejerías, si cumplieran, lo deberían hacer", señaló Chicote.

Asimismo, el presidente de los constructores de viviendas recordó que en cada provincia hay un delegado del gobierno regional que entre otros cometidos tiene el de controlar que "el planeamiento va como debe ir. Y a partir de aquí, multas y derribos, no hay más".

En todo caso, si se descubren responsabilidades penales y tiene que investigar el fiscal, "ése es el que ha de tener los agentes judiciales y la policía correspondiente para hacer investigaciones más allá de lo que se ve físicamente", indicó Chicote.