El objetivo de este dispositivo de vigilancia, que contará con un presupuesto de 1,7 millones de euros, es garantizar que las viviendas, locales y garajes del IVIMA no sean ocupados ilegalmente antes de su entrega a los adjudicatarios, lo que retrasa la entrega de los inmuebles da las familias a las que se han adjudicado realmente.

En el concurso abierto se tendrá en cuenta la disposición de vehículos propios para el desarrollo de las patrullas de vigilancia, así como la posibilidad de incorporar emisoras y una red propia de telecomunicaciones.

La inspección de los servicios de vigilancia de los inmuebles controlados, la disponibilidad de un centro de formación de seguridad homologado, los cursos de reciclaje del personal, la posesión de un certificado de Sistema de Gestión de Calidad y la estabilidad de la plantilla y calidad del empleo son otros de los aspectos que se tendrán en cuenta para la elección de la empresa que se hará cargo de la seguridad de los inmuebles del IVIMA.