El reciente aumento de denuncias y actuaciones judiciales contra determinados programas de televisión, que en el último año han sido censurados por algunos de sus contenidos, refleja la creciente susceptibilidad de nuestro país ante posibles abusos por parte de los programadores.

La última actuación judicial ha sido la demanda contraEuskal Telebista (ETB) por un programa en el que se parodiaba a los socialistas vascos José María Benegas y Juan María Bandrés, pero ha habido otros ejemplos recientes de esta vigilancia de los contenidos.

Baste recordar el "secuestro preventivo" de un programa de "La máquina de la verdad", las disculpas públicas de Jordi Pujol por un debate en TV-3 en el que se ironizaba sobre la infanta Elena o las denuncias contra Antena-3 TV por intromisión en el derecho a la intimidad de unas niñas a quienes su pdre había abandonado.

En algún caso se ha llegado a cuestionar si un niño de ocho años debía ser exhibido en televisión (concretamente en el programa "¿Qué apostamos?" de TVE-1) por sus habilidades para recordar los nombres y cualidades de los dinosaurios.

La exigencia del Ministerio de Educación y Ciencia de llegar a un acuerdo con las televisiones para elaborar un código ético de protección a la infancia, que un año más tarde ha demostrado tener un seguimiento desigual, es una muestra más de lapreocupación de las instituciones por este tema.

PREOCUPACION, NO ALARMA

Según explicó a Servimedia Jesús Santaella, decano de los Servicios Jurídicos de la Asociación de la Prensa de Madrid, se trata de un mecanismo de protección de la sociedad civil contra la tendencia de las cadenas de televisión a moverse en la sutil frontera de lo que se debe o no se debe emitir.

"La tremenda competencia entre las cadenas, ya sean públicas o privadas, para conseguir mayores niveles de audiencia, ha llevadoa los programadores a buscar contenidos más atractivos y, en algunos casos, se puede atentar contra los derechos de algunos ciudadanos", comentó el abogado.

La Asociación de la Prensa ve "con preocupación, pero no con alarma" este fenómeno, "por cuanto existen mecanismos legales suficientes para la corrección de los excesos que se puedan cometer", según señaló Santaella a Servimedia.

"La Ley de la Televisión Privada establece que estas cadenas deberán ajustar sus programaciones a los mismos princpios que rigen para las públicas en lo referente al respeto a los derechos de los ciudadanos y a la protección a la infancia", afirmó.

"En uno y otro caso, la ley tipifica como infracción aquellos contenidos de programas que atenten contra esos valores", señaló Santaella, "y atribuye a la Secretaría General de Comunicaciones una potestad sancionadora; sin embargo, ese es un mecanismo que no se está aplicando".