Según fuentes del Ministerio de Cultura, ponente del proyecto, la trasposición de la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español supone un avance en la lucha contra la piratería informática, aunque gran parte de las disposiciones ya estaban contempladas en la vigente Ley de Propiedad Intelectual de 1987.

En la normativa europea se arbitran medidas muy eficaces para evitar la piratería informática, y los pogramas de ordenador y de su documentación preparatoria recibirán la misma protección que la estipulada para las obras literarias, al ser considerados como una creación intelectual propia de su autor.

El titular de los derechos exclusivos de explotación del programa podrá autorizar su reproducción total o parcial, su traducción o adaptación y cualquier otra forma de distribución pública, que no será permitida sin su consentimiento.

Según la directiva, también podrá instar el titular el cese de laactividad ilícita del infractor, exigir una indemnización acorde con los daños materiales y morales causados y solicitar del juez la adopción de medidas cautelares, incluidos el secuestro del material y su utilización.