Según el texto, al cual ha tenido acceso Servimedia en su versión resumida, el PP promoverá "la regulación en el orden penal del procedimiento especial de amparo, preferente y sumario, para la tutela de libertades y derechos fundamentales", prevista en el artículo 53.2 de la Constitución.

Detrás de este enunciado aséptico, según fuentes populares, se esconde el deseo de acabar con el viejo enfrentamiento entre los dos órganos jurisdiccinales, que alcanzó su punto álgido el 20 de julio del 99, cuando el Constitucional excarceló a los dirigentes de HB.

El Supremo ha venido denunciado que aunque es el único órgano de casación, el Constitucional, vía recurso de amparo, le está quitando esa facultad y ha convertido la tutela de derechos en un `coladero' para excarcelaciones.

Junto a este endurecimiento del acceso al recurso de amparo penal, para evitar excarcelaciones, el PP proyecta una reforma global de la Justicia penal que revisrá el proceso, el sistema de penas y el control penitenciario.

De entrada, los populares quieren encargar a una comisión técnica "abierta y plural" un estudio previo sobre la reforma del Código Penal; se va a cambiar el actual jurado puro (solo de coidadanos) por uno mixto o escabinado (ciudadanos y jueces), y se va a reformar la ley para "incrementar el control judicial" sobre permisos a los presos y clasificación de grado.

Para fomentar la sensación de seguridad entre los ciudadanos, el PP recuerará la "Justicia local", dándole un carácter de "primer escalón de la carrera judicial" que sirva para descongestionar los juzgados de primera instancia e Instrucción de asuntos menores (faltas, etcétera).

NUEVA LEY DE ASOCIACION

Por otro lado, el PP propone en su programa iniciativas que afectan al título primero de la Constitución: una nueva ley orgánica reguladora del derecho de asociación que sustituya a la actual, proveniente del franquismo (1964).

Además, los populares se comprometen a egular el derecho de petición individual y colectiva, recogido en el artículo 29 de la Constitución, y el régimen jurídico de los colegios profesionales.

El PP va a promover también una nueva regulación del derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Carta Magna, y una Comisión Nacional de Bioética.

Se va a completar también la reforma procesal del procedimiento civil con el envío a las Cortes de una nueva ley Concursal, una Ley de Juridicción Voluntaria, y la reforma de la ley de Aritraje.