Con esta iniciativa, el Gobierno regional garantizará a los propietarios de la viviendas las posibles situaciones de impago de renta, suministros o desperfectos por parte del arrendatario y permitirá a los inmigrantes asesoramiento jurídico.

El Consejo de Gobierno anunció hoy que el proyecto es consecuencia de una experiencia previa llevada a cabo en los últimos años y que, según indicó, "ha dado resultados muy positivos".