Zapatero, que dice siempre que las leyes están para cumplirlas, debe hacer lo propio con la LOE, "tanto en su espíritu, como en su letra", afirmó en rueda de prensa Luis Guridi, presidente de la Faper.

Según explicaron estos profesores, el Gobierno aprobó un decreto que desarrolla la LOE y que deja en manos de la Conferencia Episcopal aspectos como el despido de los docentes de religión, lo que, aseguran, contradice a la propia norma, que sostiene que la relación laboral de estos profesores depende del Estatuto de los Trabajadores.

El decreto es "un brindis al sol" realizado por la administración para tener contenta a la jerarquía católica, sostiene Faper, que considera además que el texto minimiza el contenido de la ley de educación, "algo que no debe hacer nunca un decreto" y por lo que esta federación lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que ya lo ha admitido a trámite.

La LOE, indica la Faper, exige como únicos requisitos para ejercer como profesor de religión estar en posesión de la titulación adecuada, poseer la Declaración Eclesiástica de Idoneidad y la Propuesta para ejercer esta enseñanza.

Sin embargo, subrayaron los docentes de religión, la Conferencia Episcopal ha modificado el documento de idoneidad de tal manera que ha dejado de concebirse como un certificado de cualificación pedagógica, para pasar a ser un testimonio de vida cristiana y moral católica adecuada.

Con el nuevo certificado de idoneidad, continuaron, el aspirante a dar clase de religión debe aportar su partida de bautismo, algo con lo que no están de acuerdo estos docentes por ir "en contra de la Constitución", que habla de no discriminar a nadie por razón de religión.

Tampoco les parece bien esta exigencia porque consideran que una cosa es la clase de religión y otra muy diferente la catequesis, donde sí entienden que se pida a los que vayan a darla un comportamiento cristiano y moral adecuado y, por tanto, la partida de bautismo.

Según señalaron estos docentes, se sienten "moneda de cambio", tanto para la jerarquía eclesiástica, como para la administración estatal y autonómica, ya que en algunas regiones como es la de Madrid se están aplicando ya las exigencias de la jerarquía eclesiástica para contratar a profesores de religión.