El Partido Popular impuso su mayoría absoluta para frustrar esta iniciativa, que los socialistas han promovido tras los recientes despidos de tres profesoras de Religión de Almería, Málaga y Gran Canaria.

A estas docentes, sus diócesis no les renovaron los contratos por casarse con un divorciado, salir de copas yno ir a misa y mantener una relación sentimental poco "idónea" desde el punto de vista eclesiástico, respectivamente.

El diputado del PP Juan Carlos Guerra Zunzunegui aseguró que los acuerdos dejan claro que el Ejecutivo "no puede ni debe inmiscuirse en los criterios que aplican las distintas doctrinas para seleccionar a sus profesores".

Guerra recordó que los obispos tienen potestad para no renovar a los docentes de Religión, pero si los afectados se sienten perjudicados, pueden apelar a los triunales.

No obstante, subrayó que la Justicia ya ha dicho en varias ocasiones que la situación laboral de estos profesores es perfectamente legal.

ALARMA SOCIAL

En defensa de la proposición, la diputada del PSOE Amparo Valcarce señaló que se ha creado una "notoria alarma social" por los despidos de las tres profesoras, ya que se han conculcado sus derechos constitucionales.

Los socialistas creen que "se debe reponer la dignidad de los ciudadanos que han visto dañada su intimidad de manera itolerable" y acabar con unos acuerdos Iglesia-Estado que permiten que unos trabajadores pierdan su puesto de trabajo por su comportamiento en el ámbito privado.

CiU votó a favor de la revisión "urgente" del Acuerdo con la Iglesia de 1999, porque sus resultados se han demostrado "inconstitucionales".

Los nacionalistas catalanes no quieren pronunciarse sobre el sentido de la reforma, pero están convencidos de que el Ejecutivo tiene "que sentarse y negociar".