La directiva es la 2000/78 de 27 de noviembre y se refiere al Establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Señala que "la discriminación por motivos de religión o convicciones u orientación sexual puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado de la Comisión Europea, en particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social".

A tal fin, añade la norma, "se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier discrminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones u orientación sexual en los ámbitos a que se refiere la presente directiva".

La directiva agrega que una diferencia de trato "puede estar justificada" en muy contadas circunstancias por estas razones cuando el requisito profesional sea determinante, pero "dichas circunstancias deberán figurar en la información que facilitarán los Estados miembros a la Comisión". También advierte de que los trabajadores que se sientan discriminados podán defenderse.

CCOO sostiene que el Estado español no ha comunicado al Ejecutivo comunitario la excepcionalidad laboral de los docentes de Religión, ni se ha permitido a éstos defenderse debidamente en los tribunales, por lo que la Comisión debe ordenar la "revisión" de los acuerdos con la Santa Sede.

Explicaron el recurso en rueda de prensa el secretario general de Enseñanza, Fernando Lezcano, y la responsable del gabinete jurídico de la federación, Carmen Perona, que fue la artífice del recursocontra la congelación salarial de los funcionarios al que dio la razón la Audiencia Nacional.

Señalaron que han decidido recurrir a Bruselas "porque contra la legislación nacional poco se puede hacer", toda vez que el Tribunal Supremo y el Constitucional han declarado legales los convenios Iglesia-Estado, y además el Ministerio de Educación ha demostrado "que no tiene voluntad política" para revisar el acuerdo.

Según Lezcano, la Comisión Europea no puede consentir que un Estado miembro que se decara aconfesional permita en el siglo XXI una situación por la que la Iglesia selecciona y despide a su antojo a unos trabajadores que paga el erario público.

El dirigente sindical informó de que ayer se reunió con la profesora de Almería Resurrección Galera, despedida por casarse por lo civil con un divorciado, que le transmitió su apoyo a esta apelación a la directiva comunitaria.

Comisiones Obreras aseguró hoy que además de las no renovaciones de las profesoras de Málaga, Almería y Canarias, tine constancia de otro caso en Extremadura de un docente de al que han despedido con el argumento de que no vive en la misma localidad donde imparte clase.