Para los representantes del sindicato, esta medida supone un agravio del profesorado público andaluz respecto al del resto del país. Esta decisión ha sido tomada, además, en un periodo en el que, según la central, los docentes no podrán beneficiarse ya de los fondos de ayuda social de 1992.

Además de las posibles movilizaciones, los responsables de CSI-CSIF han solicitado una entrevista con el consejero de Educación del Gobierno andaluz.

En caso de resultar infructuosa esta reunón, los sindicalistas convocarán medidas de presión, "hasta que esta manifiesta agresión que vulnera los intereses del funcionariado docente en Andalucía se solucione".

El derecho a matrícula gratuita para los funcionarios docentes y sus hijos fue establecido en un real decreto de 1952 y recogida posteriormente en otro de 4 de julio de 1982.