En las últimas semanas, Málaga y su provincia se han visto inundadas de unas pegatinas con la inscripción "Sólo Málaga. Málaga, Comunidad Autónoma"; reclamo para la pretensión política del grupo de profesionales, formalizado hace ahora un mes.

Según Joaquín Ramírez, un portavoz del colectivo, "ahora lo que pretenemos es dar la lata, sin excluir que algún día Málaga obtenga un Estatuo de Autonomía".

Este colectivo basa sus críticas a la Junta de Andalucía en la descapitalización que sufre Málaga, en beneficio de la provincia de Sevilla. "Desde el Gobierno andaluz se dan facilidades a las empresas para instalarse en Sevilla, e incluso algunas de Málaga han anunciado su cierre para trasladarse allí".

Asimismo, protestan por el reparto de las partidas presupuestarias del Ejecutivo andaluz, "puesto que Málagaes la provincia que más dinero aporta a la comunidad, y la que menos recibe".

El grupo pro autonomía para Málaga estima que Andalucía funcionaba mejor con el sistema administrativo previo a la aprobación del Estado de las Autonomías, que con la actual distribución territorial.

"El centralismo de Madrid era algo asumido desde los tiempos de Carlos III y la implantación del kilómetro cero en la Puerta del Sol, pero no queremos tener en Andalucía un subkilómetro cero en la calle Sierpes", afirman. Este intento de desligar administrativamente una parte de Andalucía del Gobierno autonómico no es nuevo. Al principio de la década de los ochenta, un movimiento político-social intentó, sin éxito, diferenciar a Andalucía Oriental -Almería, Granada, Jaén y Málaga- del resto de las provincias.

Como muestra de lo que califican "alarmante centralismo", el colectivo ha denunciado el intento de la Junta de Andalucía de eliminar las federaciones deportivas provinciales, para convertirlas en simples delegaiones y concentrar toda la tarea federativa en un solo edificio en Sevilla.

El colectivo de profesionales, que en el primer mes de existencia alcanza ya a más de ciento cincuenta miembros, estima que los malagueños deberían declarar al consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Jaime Montaner, persona "non grata", "por el daño que ha hecho a la economía y al turismo de la Costa del Sol".