Según la propuesta de Real Decreto de tarifas para el próximo año, remitido por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía para dictar el preceptivo dictamen, se propone rebajar las primas de la energía eólica en 39 céntimos de peseta (un 8%), la de la minihidraúlica en 10 céntimos de peseta (2%), mantener la de la fotovoltaica, y subir sólo 1 peseta la de bimasa primaria.

Ante esta postura del Ministerio de Economía, APPA entiende que no existe ninguna razón, ni energética, ni económica, ni política, ni medioambiental, ni legal que justifique esta decisión que "rompe una política de Estado a favor de las renovables mantenida durante 23 años por gobiernos de distinto signo político, incluido el actual hasta este momento".

Además, a juicio de la asociación, no hay razones energéticas porque España necesita aumentar su parque de generación para cubrir as necesidades de la demanda, como se ha puesto de relieve en diversas ocasiones con dificultades que han provocado restricciones en el suministro.

Respecto a las razones económicas, APPA asegura que estas son inexistentes porque la repercusión de esta rebaja en la política antiinflacionista del Gobierno será nula y porque el incumplimiento de los compromisos de Kioto acarrearán una sanciones económicas mucho más elevadas de lo que se pretende ahorrar a costa de las renovables.

El proyecto de Dirctiva sobre comercio de emisiones ha cifrado como punto de partida el coste de la tonelada de CO2 en 40 durante el periodo inicial, cantidad que se elevará hasta los 100 posteriormente. En este sentido cabe recordar que las energías renovables evitarán este año más de 13 millones de toneladas de CO2, apunta la asociación.

En cuanto a las razones políticas, afirman que no existen razones que justifiquen subir las tarifas al consumidor final y bajar la retribución de las renovables.

Finalmente, la sociación subraya que no hay motivos legales, pues la única que se ha aducido superar el 90 % de la banda prevista en la Ley del Sector Eléctrico acaba de ser desestimada por el Tribunal Supremo.

Por tanto, APPA insta al Gobierno a que reconsidere una decisión que acarreará una desconfianza total en promotores y entidades financieras, que comprometerá gravemente el desarrollo de las energías limpias en el futuro y, por tanto, el cumplimiento de Kioto y de la propia legislación española que nos obligalograr el objetivo del 12% de energías renovables para el año 2010.