El acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, reconoce la existencia de la comunicación pública en establecimientos hosteleros, al tiempo que las entidades de gestión contemplan la especificidad de los diferentes establecimientos de hostelería para su tratamiento diferencido y se pactan unas contraprestaciones económicas que podrán aplicarse a la generalidad del sector.

Este acuerdo abre el camino para resolver la totalidad de procedimientos judiciales planteados por las entidades de gestión. Asimismo, supone el inicio de la constitución de un pacto general de los sectores Cultural y Turístico.