En declaraciones a Servimedia, Rubio señaló que la propia Administración francesa, que detectó partidas de aceite crudo contaminadas durante el mes de abril, asegura que no hay riesgo sanitario.

Según Rubio, esta información fue transmitida el jueves por el Gobierno francés al español, que inmediatamente reunió a los productores para comunicársela, pero dejando claro que lo primero que dice la Administración francesa es que no hay riesgo para la salud.

Del encuentro salió el compromiso de Anierac de "ponerse manos a la obra con el asunto", pero dando por sentado que, al no haber riesgo sanitario, no hacían falta medidas inmediatas.

Pese a ello, el viernes, la Agencia de Seguridad Alimentaria emitió la recomendación de no consumir aceite de girasol, con lo que los productores decidieron retirar de las estanterías dicho producto.

Después, pese a que 48 horas más tarde se produjo la retirada de la recomendación, Rubio advierte que "ya se había producido un impacto grande en el consumidor".

De hecho, defiende que, "si no ha saltado aquí ningún problema es porque no ha existido", gracias a que la trazabilidad y los controles analíticos de las empresas permiten detectar este tipo de problemas cuando se producen.

"Ahora", explica Rubio, "se está reponiendo el aceite en todos los lineales porque está garantizado que no hay riesgo y ninguna de las entre 600 y 800 marcas existentes en España tiene constancia de que haya ningún problema".

"Espero que en el menor tiempo posible podamos trasladar un mensaje de normalidad y tranquilidad a los consumidores", prosigue Rubio, quien explica que Anierac evaluará más adelante el impacto y el perjuicio económico de lo ocurrido.

A este respecto, recuerda que con el aceite de Orujo se produjo una circunstancia similar y que luego el consumo no volvió a ser el mismo y advierte de que, si ocurriera algo parecido con el aceite de girasol, sería "catastrófico".

Por ello, indica que primero habrá que ver el impacto exacto del daño y no descarta que si el perjuicio es importante en el futuro, los productores puedan emprender algún tipo de reclamación contra el Estado.