Esta denuncia pública, que Prodeni remitió hoy al Ministerio de Interior y a la Seretaría General de Asuntos Sociales, se basa en los testimonios y escritos de tres policías locales de Ceuta, Antonio Espinosa, Juan Luis Ramos y Manuel Navia, que denunciaron el caso ante la Fiscalía de Ceuta. Según la asociación de protección de la infancia, los tres han sido amenazados y castigados con la separación del servicio.

De acuerdo con Prodeni, agentes de la Policía Local y personal de la empresa privada de seguridad Procesa, que visten un uniforme idéntico al de los policías, proceden diaiamente a detener a menores magrebíes indocumentados, por orden directa del oficial jefe.

Las detenciones se realizan de uniforme, con armas de fuego, grilletes y defensa, y los menores son trasladados a la frontera marroquí en vehículos oficiales ("zetas"). Según los testimonios de los policías que han denunciado esta operación, el número de menores detenidos y expulsados de Ceuta asciende a 200 al mes, sin contar con los traslada la Policía Nacional.

Prodeni añade que, según el testimonio de lo tres agentes, la Policía "almacena" a los indocumentados, tanto niños como adultos, en el garaje del Cuerpo, en furgones destinados a trasladar motocicletas, verduras y pescados decomisados.

"El furgón tiene un pequeño rectángulo con agujeritos para respirar, está sucio y allí se van hacinando, pudiendo estar hasta siete horas seguidas sin recibir alimentos ni agua, en condiciones físicas y psíquicas muy lamentables", indica.

Uno de los policías afirmó que fue testigo de cómo se llevó al puesto ronterizo desfallecido y en tan malas condiciones que la policía de Marruecos se negó a admitirlo. Entonces la Policía Local regresó con él en el furgón y lo soltó en las calles, para no hacerse cargo de él.

OBEDECER ORDENES

Antes de dirigirse a la Fiscalía de Ceuta, los policías plantearon el caso a sus superiores, que "no sólo no actuaron para corregir la sitiuación" sino que les conminaron a "obedecer las órdenes recibidas". También comunicaron la denuncia a la consejera de Sanidad y Consumo de Cuta, así como a Unicef España y el Defensor del Pueblo Andaluz, añade Prodeni.

Ante esta situación, Prodeni considera que los agentes incurren en malos tratos y torturas a los menores, por lo que, si un juzgado admite a trámite la denuncia de los policías, la asociación se personará como acusación popular.

Coincidiendo con la información facilitada por Prodeni, la reponsable de Migraciones de Izquierda Unida (IU), Susana López, difundió también esta tarde un comunicado de prensa en el que denunci que las redadas policiales contra menores en Ceuta infringen el ordenamiento jurídico se sirven de "métodos de todo punto reprobables en un Estado democrático".

Según Susana López, "los menores no sólo son detenidos y confinados en vehículos o dependencias policiales, sino que permanecen en espera junto a todo tipo de delincuentes adultos".

La responsable de Migraciones de IU afirma que "estos hechos se conocen públicamente, aunque las pruebas se han obtenido a través de la denuncia realizada po tres agentes locales ante el Ministerio Fiscal, ante el Comité Español de Unicef y ante el Defensor del Pueblo Andaluz", y reitera que, tras las denuncias, estos agentes fueron represaliados.

IU anuncia que llevará a cabo diversas iniciativas para aclarar y pedir responsabilidades por estas detenciones y expulsiones, al tiempo que critica "la hipocresía de una Administración pública que celebra con fastos el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, mientras por otro lado los vulnera"