México

La Procuraduría del Consumidor de México, organismo clave para la política de López Obrador frente a las grandes empresas

- Cada año recibe 100.000 denuncias de usuarios y consumidores

MADRID
SERVIMEDIA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México se ha convertido en un organismo clave para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a las grandes empresas, puesto que cada año tiene que decidir sobre unas 100.000 denuncias que recibe de usuarios y consumidores.

En el contexto actual de una alta inflación, López Obrador está tratando de evitar incrementos en los precios que afectan a la población, especialmente a los sectores con menores ingresos, donde se concentra el grupo más importante de los votantes Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esta Procuraduría, organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, recibe aproximadamente cien mil denuncias al año de usuarios y consumidores. Sus tres principales áreas de control son combustibles, telecomunicaciones y servicios.

Tras las denuncias de los afectados, Profeco inicia el proceso de litigios contra las compañías. Desde que comenzó el sexenio de López Obrador en 2018, este organismo ha aplicado multas por aproximadamente 1.500 millones de pesos mexicanos (unos 70 millones de euros).

Entras las empresas con las que la Profeco ha tenido litigios de relevancia se encuentran VivaAerobus (aerolíneas), WalMart y Chedraui (supermercados), Sony (productos electrónicos), BP (petroleras), AT&T (telecomunicaciones), y Audi (automóviles).

El procurador al frente de este organismo público, Ricardo Sheffield, tiene una exposición pública permanente, ya que una vez a la semana comunica, junto con el presidente, por ejemplo la fluctuación de los precios de los combustibles y señala cuáles son las gasolineras más caras y cuáles las más económicas, en un intento de concienciar a la población.

Durante los últimos meses, el procurador ha asumido también protagonismo en los acuerdos de precios del Gobierno con las cadenas de supermercados para que ciertos productos considerados como “canasta básica” no tengan incrementos, aunque estos acuerdos han tenido un éxito parcial.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México ha mantenido sus principales conflictos contra diferentes empresas. Por ejemplo, contra la aerolínea de bajo-coste VivaAerobus, Profeco ha impulsado una demanda colectiva porque cobra el equipaje de mano a sus pasajeros. De hecho, acumula 22 millones de pesos mexicanos (un millón de euros) en multas debido a que está infringiendo la ley al cobrar el equipaje de mano de menos de 10 kilos.

El dueño de VivaAerobus es Roberto Alcántara, empresario del Estado de México muy ligado al expresidente Enrique Peña Nieto y al PRI. En España es propietario del 5% de Prisa. Ha intentado en reiteradas ocasiones reunirse con Andrés Manuel López Obrador, pero este lo ha evitado aunque a menudo utiliza esta aerolínea para viajes oficiales.

En el caso de Walmart, está en marcha una demanda colectiva por supuesto incumplimiento de promociones en los supermercados. La cadena acumula multas por más de 35 millones de pesos (más de 1,5 millones de euros). En el año 2020, en plena pandemia, la empresa tuvo un conflicto político con el Gobierno de López Obrador porque Walmart prescindió de los servicios de los ancianos y adultos mayores que cargan las bolsas de los clientes en las cajas. La empresa alegó que era para evitar que se contagiaran, pero no les dieron ninguna compensación. El Gobierno cuestionó esta decisión en defensa del colectivo de mayores, que representa un bastión político de Morena y al que destina una parte importante del gasto social.

La compañía estadounidense AT&T informó en 2022 que más de 844.000 clientes mexicanos recibirían una bonificación que sumaría 248 millones de pesos mexicanos (unos 12 millones de euros) más intereses por el cobro de un "cargo por equipo diferido", tras alcanzar un acuerdo con Profeco que había presentado una acción colectiva en abril del 2020. Esta empresa de telecomunicaciones es la gran competidora de Carlos Slim, quien tiene acceso directo a López Obrador, forma parte de su consejo empresarial y lo acompaña en viajes al extranjero.

La cadena de supermercados mexicana Chedraui ha sido acusada públicamente por Profeco de alterar promociones y descuentos. No se ha promovido una demanda colectiva contra ella, aunque sí recibió multas de valor marginal en 2020. Antonio Chedraui, dueño de la cadena, es un hombre de negocios muy cercano al PRI desde hace décadas y en la campaña electoral de 2018 se manifestó contra López Obrador y apoyó hasta al final a su rival, José Antonio Meade.

Lala, principal empresa de lácteos de México y una de las más grandes en América Latina, no cumple con la norma de sanidad por el proceso de eliminación de lactosa, según Profeco. Su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos por la autoridad sanitaria.

El dueño de Lala es Eduardo Tricio, que en la elección presidencial del 2006, en la que López Obrador perdió contra Felipe Calderón, financió una campaña contra el candidato de izquierdas al señalar que si ganaba iba a convertir a México en Cuba o Venezuela.

La petrolera británica BP ha sido multada por supuestas irregularidades en las cantidades de gasolina que vende, lo que se refleja en el precio final que se cobra al consumidor. El hecho se registró en la primera gasolinera que BP abrió en ciudad de México. Esta empresa llegó al país durante el Gobierno de Peña Nieto gracias a los esfuerzos y presunto asesoramiento del exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, muy ligado al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el principal rival de López Obrador en la política mexicana desde hace décadas.

La proveedora de seguros MetLife tuvo un alto número de quejas ante Profeco en 2019 y 2020. Según la Procuraduría Federal, el 53% de las quejas se dio por una sola causa: la negativa en el pago de la indemnización. Otro motivo de queja fue el tiempo que tardaron para pagar las indemnizaciones a las personas que perdieron sus empleos en la pandemia. MetLife fue la aseguradora consentida en el Gobierno anterior al tener la titularidad de los seguros de desempleo y de gastos médicos mayores de la alta burocracia gubernamental. En su primer mes en el Gobierno, López Obrador suspendió esos contratos y dijo que si los funcionarios querían cobertura privada debían pagarla de su bolsillo.

Desde 2021, Profeco prepara una demanda colectiva contra el proveedor de electrónicos Sony y ha llamado a los consumidores que se sientan "engañados" a que se sumen por un anuncio de un equipo de sonido que se promovía a un precio muy bajo, aunque con letras "microscópicas" en las que se indicaba que sólo era para los diez primeros compradores. Además, Profeco tiene preparadas varias demandas contra la empresa de electrónica por ciertas licitaciones de ordenadores y televisores para oficinas, pero todavía no se ha llegado a los “acuerdos necesarios”.

En cuanto a Audi, Profeco llamó en 2020 a la revisión de los vehículos A6 de 2019 y 2020 y A7 de 2019 por presuntos fallos en los airbags. A su juicio, existía la posibilidad de que este mecanismo de seguridad ubicado dentro del panel de instrumentos no cumpla con las especificaciones requeridas, por lo que en caso de accidente, podría desplegarse de forma limitada y expulsar desechos plásticos en el compartimiento del vehículo.

Las principales inversiones de esta compañía alemana en México se realizaron en los sexenios de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y también en gobiernos estatales de ese mismo partido, el PAN.

(SERVIMEDIA)
09 Ago 2022
s/pai