De los expedientes abiertos por las distintas fiscalías durante el año pasado, 13.460 fueron archivados o sobreseídos, mientras que otros 8.550 han sido objeto de resoluciones judiciales que en el 73 por ciento de los casos acarrearon medidas contra los menores.

Así, se ha registrado un paulatino incremento de los expedientes abiertos contra menores desde que entró en vigor l reforma legal por la cual se atribuía al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos y faltas cometidos por menores de entre 12 y 16 años, hechos que después pasan a los juzgados de menores.

TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES

La Memoria de la Fiscalía General del Estado señala que estas infracciones son cometidas por menores de todos los estratos sociales, aunque los delitos son diferentes en función de las circunstancias personales y familiares.

Asimismo, señala que la mayoría de los menores imersos en estos procesos son chicos, de entre catorce y quince años, que presentan deficiencias en el desarrollo físico y psíquico, así como anomalías psicológicas o psiquiátricas.

Otros aspectos característicos de estos menores es que sufren el abandono familiar o forman parte de familias desestructuradas y con un código social de valores muy diferente al común, lo que dificulta su posterior reinserción. También es frecuente la adicción al consumo de drogas.

ROBOS Y LESIONES

Respecto al tipo d infracciones cometidas por menores, la Fiscalía que dirige Jesús Cardenal señala que en su mayoría se trata de delitos o faltas contra la propiedad, especialmente pequeños robos en comercios. En esta categoría resaltan los robos con fuerza, violencia o intimidación, cometidos en muchas ocasiones por grupos de más de tres jóvenes.

En cuanto a los delitos o faltas contra las personas, la mayoría se refieren a lesiones cometidas en el círculo de amigos o conocidos del menor. También se mantiene el númer de agresiones sexuales y de amenazas o coacciones.

Entre las medidas que se adoptan contra los menores la amonestación es la más frecuente, y se aplica en los casos de menor gravedad. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad es la que se adopta para las infracciones contra la propiedad, mientras que la de libertad vigilada se reserva a los supuestos de conductas graves.

Por último, el internamiento es una medida excepcional para aquéllos menores en los que ya ha fracasado la liberad vigilada. Muchas fiscalías denuncian la escasez de centros para ejecutar el internamiento, lo que obliga a trasladar al menor a otras provincias.