Uno de los objetivos es combatir el paro entre los colectivos de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, así como eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado.

El proyecto de ley prevé que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento.

Asimismo, este plan pretende contribuir al impulso de la productividad, eliminando las barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia.

Según el Gobierno, los principios que se desarrollan en el proyecto de ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.

"El proyecto implica una profunda modificación estructural del mercado de la contratación pública y realiza aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas", asegura el Gobierno.

Respecto al impulso de la productividad, el texto hace hincapié en la necesidad de suprimir las barreras de entrada y reducir los costes para los licitadores.

Asimismo, se darán facilidades para que en los procesos de contratación pública puedan utilizarse los medios electrónicos y reducir así los retrasos que provoca el "papeleo".

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Como novedad, se incorpora la subasta electrónica, que permite la mejora de las diversas ofertas para un proyecto de licitación en tiempo real.

En este sentido, el proyecto de ley quiere hacer una apuesta "decidida" por la contratación electrónica y el I+D+i. Para ello, fija el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica y establece normas sobre la publicidad en medios de comunicación electrónicos.

Por otra parte, se definen regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.