Pro-Derechos Humanos, la Coordinadora de Barrios, Madres Unidas contra la Droga, el Centro de Documentación contra la Tortura y la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, mediante una nota de prensa, mostraron su "indignación" y "preocupación" por el reingreso de la magistrada en su puesto.

"Nos provoca preocupación que Torrecilla vaya a tener encomendada la tutela de los derechos de más de 2.500 personas presas en tres centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid habiéndose caracterizado por su absoluta falta de sensibilidad y desinterés por los derechos de las personas privadas de libertad", indicaron estas asociaciones.

Asimismo denuncian que la magistrada regrese a la misma jurisdicción en la que cometió una falta calificada como muy grave por la Ley Orgánica del Poder Judicial y exigen a la Administración de Justicia que "arbitre los mecanismos necesarios para asegurar que todos los ciudadanos recuperen la confianza quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad y los derechos de las personas presas".