Según Pro Derechos Humanos, a mediados del año pasado las fuerzas de seguridad del Estado empezaron a detener y a multar a personas que recogían en sus coches a extranjeros por "simple interés humanitario".

La asociación denuncia que algunas de estas personas que prestan ayuda a los inmigrantes sufren un tratamiento "lamentable cuando no vejatorio".

Aunque habitualmente las causas penales abirtas contra estas personas quedan sobreseídas al no encontrarse indicios de delito, se siguen iniciando procedimientos legales e imponiendo multas administrativas.

La Asociación Pro Derechos Humanos cree que estas sanciones generan miedo e intentan castigar la solidaridad con los inmigrantes, fomentando así el racismo y la xenofobia.

En la reunión que mantendrán con el Defensor del Pueblo, los representantes de esta ONG le pedirán que intervenga para que se deje de perseguir a las personas que ayden a los inmigrantes.

Asimismo, reclamarán la modificación del Código Penal para evitar que se castigue a quienes ayuden a inmigrantes, así como la derogación del artículo 98 del Reglamento de Extranjería.