En un comunicado de prensa, esta organización señaló que se trata de un "asesinato político", puesto que "la muerte de este defensor de los derechos humanos se perpetró 48 horas más tarde de la presentación desu informe sobre la violencia en los 36 años de guerra civil guatemalteca, según el cual el 80 por cien de los abusos cometidos en ese periodo fueron responsabilidad del ejército".

La Asociación Pro Derechos Humanos de España hizo un llamamiento al Gobierno de Guatemala para que aclare cuanto antes este execrable asesinato, y a la comunidad internacional para que exija una protección efectiva de los todos los defensores de los derechos humanos.