PRIVATIZACIONES. RUDI DICE QUE ERA JURIDICAMENTE "RACIONAL" RECHAZAR LAS COMPARECENCIAS DE VILLALONGA Y MARTIN VILLA
- Subraya que el Congreso se atiene al fallo del Constitucional, por lo que decidirán las comisiones, y no la Mesa
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La presidenta del Congreso d los Diputados, Luisa Fernanda Rudi, explicó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las comparecencias relacionadas con el proceso de privatizaciones dictamina que son las comisiones las que deben decidir sobre si aquellas proceden o no, y defendió que la negativa de la Mesa de la Cámara a estas peticiones era jurídicamente "racional".
En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Rudi subrayó que no debe leerse "sólo el fallo" del Constitcional, que anulaba la decisión de la Mesa de la Cámara de no admitir las comparecencias de los entonces presidentes de Telefónica y Endesa, sino sus fundamentos.
En este sentido, resalta que el Alto Tribunal dictamina que corresponde a las comisiones decidir sobre si es necesario o no celebrar estas comparecencias, no que deban aceptarse todas las peticiones.
Por ello, recalcó que el Congreso se atiene al fallo. La Mesa ya ha tramitado las peticiones de comparecencia de presidentes y ex presidenes de empresas privatizadas, para que sean las comisiones las que las aprueben o rechacen por mayoría, pero apuntó que la tesis sostenida en su día por el órgano de gobierno de la Cámara no era "tan descabellada".
Recordó que, además del PP, CiU y PNV votaron en contra de la celebración de estas comparecencias, y que el propio fiscal del Tribunal Supremo daba "por buena" esta tesis, que era "racional, jurídicamente hablando".
La presidenta apuntó que la Mesa rechazó estas peticiones por motivos dferentes. En el caso de Telefónica, explicó, se basaba en que la mayoría de su capital ya no estaba en manos del sector público.
No obstante, el Alto Tribunal se basó para la interpretación del carácter público en una directiva europea que tiene en cuenta dos aspectos: que la empresa tenga capital mayoritariamente público y que el Gobierno tenga la posibilidad de nombrar a quienes conforman el órgano de dirección, con lo que distingue entre derechos económicos y derechos políticos.
Insistió en qu son ahora las comisiones las que deben decidir sobre las comparecencias, pues el reglamento prevé tres tipos, las de miembros del Gobierno, las de cualquier otra autoridad o funcionario público, y por último, las de otras personas que puedan ilustrar los trabajos de la comisión correspondiente.
(SERVIMEDIA)
04 Oct 2002
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