El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, aseguró en rueda de prensa que en esa sentencia el Constitucional deja claro el derecho y el deber del Parlamento a controlar la acción de estas empresas.

El argumento esgrimio por el Constitucional, explicó, es que la empresa pública no es sólo aquélla cuyo capital es mayoritariamente del Estado, sino la que puede ser influenciada por el Gobierno.

Los socialistas consideran que esta sentencia es "una censura" a la Mesa del Congreso al declarar nulos los acuerdos adoptados durante la Presidencia de Federico Trillo y continuados por Luisa Fernanda Rudi en los que impedían la comparecencia de estos presidentes, en concreto los de Telefónica y de Endesa.

En su opinión, e "un paso de gigante en la consolidacion de la calidad democrática", ya que cualquier gobierno sabrá que el Parlamento puede controlar el funcionamiento de las empresas que sigan prestando servicios esenciales pese a tener capital mayoritariamente privado.

Puesto que el PP no podrá "saltarse a la torera" la sentencia del Tribunal Constitucional, el PSOE da por hecho que los presidentes de Telefónica y Endesa deberán acudir al Parlamento "inmediatamente".

"Ahora sabremos muchas cosas. Por qué Teleónica compró medios de comunicación para ponerlos al servicio del Gobierno, y cuales eran los contratos de estas empresas con el señor Arriola", afirmó.

En respuesta a las declaraciones de Mariano Rajoy en las que aseguró que Arriola no fue nunca contratado por empresas públicas, Caldera sentenció que sí hay contratos, y en virtud de la sentencia del Constitucional deberán ser enviados al Parlamento.

Caldera se mostró convencido de que Rajoy "se refugió" en el concepto de empresa pública como aqulla cuyo capital es mayoritariamente público, pero ahora el Constitucional ha modificado ese concepto, por lo que "ha censurado" también esa interpretación del vicepresidente primero.