Piqué aseguró que "el Gobierno está completamente abierto al diálogo", y añaió que "el éxito del plan depende del máximo consenso que en cada caso se pueda alcanzar con todos los agentes implicados".

No obstante, el ministro no hizo este ofrecimiento exento de crítica, al afirmar que en las reuniones que ha mantenido con 11 de los 17 consejeros de Industria de comunidades autónomas, para exponer el plan y analizar el impacto en cada región, la tónica general ha sido de sorporesa y satisfacción "porque esto no nos había pasado antes".

El responsable de Industria advirtió ambién que, al márgen del diálogo que se pueda entablar con los interlocutores sociales sobre las privatizaciones, "existe un requisito inapelable de convergencia con Europa que hay que cumplir".

En éste sentido, recordó, durante los seis últimos años los españoles nos hemos gastado 8,5 billones de pesetas en ayudas a las empresas públicas, cuando su valor es de unos 3 billones, es decir, que hemos gastado en aportaciones tres veces su valor.

También quiso sentar la premisa, de cara a ese diálogo de que las privatizaciones no responden a principios ideológicos, sino a "una necesidad sentida, porque no estamos haciendo nada que no estén haciendo el resto de países".

Igualmente quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública sobre las sospechas que se lanzan de fines ocultos en la privatización de empresas, y aseguró que existirán controles tanto desde el Consejo Asesor que se está creando cuyos miembros son personas independientes, como desde el Parlamento al que ofreció acudir "cantas veces hagan falta".