Iranzo indicó a Servimedia que para las empresas no retables el Gobierno tiene dos soluciones: o privaizar aquellas que en manos de la iniciativa privada pueden ser rentables (citó el precedente de Seat) o cerrarlas si se demuestra su inviabilidad económica.

Este proceso de cierre debería ir acompañado por un refuerzo de las inversiones en infraestructuras en las zonas afectadas, de forma que se atrayera nueva inversión que sustituyera los puestos de trabajo perdidos al cerrar la empresa pública. En el caso de Hunosa, se debería potenciar la autovía del Cantábrico, para mejorar las comunicaciones de Aturias.

"Se trataría así de potenciar la economía productiva en detrimento de la economía de transferencias, que no ha dado resultado en los países desarrollados", aseguró Iranzo.

Para el presidente del Instituto de Estudios Económicos, "casi" ninguna empresa debería quedar en manos del Estado. Pero en el momento actual, el proceso debería asegurar que se traspasara la gestión de las empresas privatizadas y no como hasta ahora, en que se transmitían pequeños paquetes accionariales, quedando la adinistración de las empresas en manos del Estado.

En su opinión, es necesario un marco jurídico que regule todo el proceso privatizador, tal y como se ha hecho en el Reino Unido y Argentina. La privatización podría realizarse por bolsa o mediante la adjudicación a determinados inversores, con mecanismos de transparencia en este último caso.

Juan Iranzo también se mostró partidario de vender los terrenos y edificios no útiles para la actividad de defensa del Ejército, para que estos fondos se emplen en su modernización. También serían privatizables determinados terrenos de Renfe.

La venta de estos activos podrían ir también directamente a la reducción del déficit, ya que los fondos obtenidos por la enajenación de empresas públicas no pueden emplearse directamente en este cometido, aunque sí a la reducción de la deuda.